Informe de situación de las personas con discapacidad de Argentina

El documento fue presentado por las siguientes organizaciones de la sociedad civil de argentina: Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Mesa de trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos Córdoba, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación Civil Andar y Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

El 10 de diciembre de 2023 asumió la nueva gestión de gobierno adoptando diversas medidas que profundizaron fuertemente la crisis económica y social que atraviesa Argentina desde hace varios años, generando un grave deterioro de las condiciones de vida de la población en general y de las personas con discapacidad en particular.

En este contexto, los derechos más básicos de las personas con discapacidad, como el acceso a la salud y a la protección social, se encuentran en serio riesgo, tal y como se enumera a continuación:

❌ A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/20234, el gobierno desreguló completamente el precio de las aseguradoras de salud, denominadas prepagas,
que es un sistema mediante el cual miles de personas con discapacidad acceden a la salud. Como consecuencia, su costo se incrementó más de un 100% en el primer trimestre, y se esperan aún mayores aumentos.
❌ Aranceles de las prestaciones que brinda servicios a pcd. por debajo de la inflación que ponen en peligro la continuidad de las mismas.
❌ Incremento en los precios de los medicamentos, muy por encima de la inflación promedio, y la interrupción del programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, que otorgaba subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos por razones de salud a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y sanitaria, que no poseen cobertura médica.
❌Notorio el deterioro de la única política de protección social para el colectivo, que
es la pensión no contributiva por “invalidez”. Ésta es históricamente insuficiente ya que su monto equivale al 70% de la jubilación mínima; como consecuencia del ajuste en el gasto en jubilación y pensiones, actualmente su monto devino en irrisorio para satisfacer las necesidades de las pcd.

Accedé al informe de marzo aquí.

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