Comunicado a la opinión pública
Prestadores de servicios a personas con discapacidad pidieron 30% y les dieron 34%, ¿por qué no están conformes?
Desde hace cuatro años denuncian el desfinanciamiento económico del sistema de atención a personas con discapacidad (rehabilitación integral, colegios, hogares, centros de día, apoyo a la inclusión educativa, transporte, centros educativos terapéuticos, etc.) por parte del Estado Nacional y los gobiernos que lo administran.
Este sistema se financia a partir de los aranceles que fija el Gobierno Nacional. Dejando aclarado que el costo para brindar las prestaciones se compone en un 70% en el pago sueldos y cargas sociales, determinado por los convenios laborales, y en un 30% correspondiente a gastos generales e insumos, que aumentan según el costo de vida.
Estos servicios, de diversas maneras, se siguieron brindando ininterrumpidamente incluso durante todo el 2020.
Quienes están directamente involucrados en este sistema desde el Gobierno Nacional, saben que el desfasaje real es de más del 70% al día de hoy en los aranceles que se pagan, sin contar los aumentos de costos del 2021.
A continuación expresamos por qué el aumento escalonado otorgado del 34% para todo el año, es insuficiente.
- El único aumento que se tuvo en todo 2020 fue del 10% en diciembre cuando los sueldos del sector subieron alrededor del 49% y el índice de aumento de precios al consumidor fue del 36%.
- Los funcionarios se comprometieron a dar en febrero de 2021 un porcentaje que compensara los atrasos del 2020 con el nuevo presupuesto nacional. La propuesta del sector fue que se otorgue un aumento de emergencia del 30% a febrero y una nueva reconsideración en julio según los incrementos de los sueldos e inflación 2021. Esto pareció razonable a las autoridades, que expresaron que se iba a dar dicho aumento a partir de marzo. Pero esto no se cumplió.
- Por otra parte este 34% de incremento escalonado (21% en abril, 9% en julio y 4% en octubre) otorgado, que se terminará de cobrar en Enero 2022, no tiene en cuenta la recomposición del 2020 y los aumentos de sueldo del 2021, que en un primer tramo ya están vigentes (alrededor del 33%) y con revisiones pendientes para este, año.
- Porque ese aumento recién se cobra a los 90 días, luego de ser facturado a mes vencido y las obligaciones son hoy.
- Porque varios organismos pagadores, en particular PAMI e Incluir Salud, tienen deudas con prestadores que vienen en su mayoría desde 2017 y no se están pagando.
- Esta situación llevó a incumplimientos con la AFIP y tener que pagar intereses por lo adeudado o pedir préstamos para cumplir con las obligaciones.
- Los costos de los hogares con la pandemia se han disparado más allá de cualquier previsión.
- Los profesionales individuales experimentaron el aumento del costo de vida y gastos en elementos sanitarios para poder dar su servicio.
- Los costos del servicio de transporte (insumos, combustible, repuestos, personal) hace inviable el sostenimiento del servicio y el no reconocimiento del módulo prestacional hace imposible su sostenimiento.
Por todo esto los prestadores no pueden estar conformes con este aumento y expresan que se descuida a las instituciones, profesionales y transportistas que brindan servicios a las personas con discapacidad.
Contacto de prensa
Lucía Tasso
1157007081