La ONU emitió recomendaciones para mejorar la situación de las personas con discapacidad en Argentina
El Comité Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, expuso en el Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, un informe con una serie de recomendaciones para el estado argentino para mejorar la situación de las personas con discapacidad.
Esta es la segunda vez que el Comité realiza sugerencias a la Argentina desde que se ratificó la Convención. Las recomendaciones se efectuaron luego de la evaluación periódica que el CDPD realiza sobre cómo el país implementa la Convención sobre los Derechos de las PcD en base a dos informes: el del Estado nacional y el alternativo elaborado por 26 organizaciones de personas con discapacidad, organismos de derechos humanos y universidades nacionales.
A continuación, compartimos las recomendaciones destacadas del informe:
- Armonizar su legislación y políticas públicas de discapacidad a nivel federal, provincial y local con la Convención, incluyendo la aprobación de una nueva ley sobre los derechos de las personas con discapacidad alineada con el modelo de derechos humanos.
- Redoblar esfuerzos para promover el acceso al Certificado Único de Discapacidad en todo el país y eliminar los obstáculos que dificultan su obtención.
- Garantizar la participación activa y efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de legislación y políticas públicas de discapacidad.
- Aprobar el Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad y adoptar un sistema nacional integral de apoyo y cuidados, conforme a la Convención.
- Incorporar la perspectiva de discapacidad en la Ley 26.061 y en el sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- Armonizar el Código Civil y Comercial de la Nación con la Convención para garantizar el igual reconocimiento como persona ante la ley de todas las personas con discapacidad, incluyendo la eliminación de las disposiciones que permiten la restricción de su capacidad jurídica, así como las figuras de la incapacitación y la curatela.
- Implementar mecanismos de apoyo de distinto tipo para la adopción de decisiones, y salvaguardias que respeten la autonomía, la voluntad y las preferencias de todas las personas con discapacidad.
- Reformar el Código Penal Argentino y los Códigos Procesales penales pertinentes, entre ellos el de la Provincia de Buenos Aires, a fin de evitar la privación de libertad de las personas con discapacidad sobre la base de su peligrosidad, revisar los casos de las personas internadas en cárceles por medidas de seguridad y garantizar el debido proceso.
- Avanzar en los procesos de externación de las personas institucionalizadas, cerrar los hospitales psiquiátricos e implementar redes de atención en salud mental integrada al primer nivel de atención.
- Reglamentar la Ley 26.480 del asistente domiciliario y garantizar la disponibilidad de apoyos para la vida independiente para las personas con discapacidad en el marco de la Convención.
- Aumentar el presupuesto para salud mental conforme a la pauta del 10% del presupuesto de salud, establecida por la Ley 26.657.
- Garantizar la accesibilidad de la información de los medios de información y comunicación pública, incluyendo la televisión, los sitios web, y la aplicación móvil Mi Argentina.
- Redoblar esfuerzos para poner fin a la educación especial segregada, incluyendo un plan de acción nacional sobre la educación inclusiva de calidad, con objetivos específicos, plazos, recursos humanos y un presupuesto suficiente, a fin de asegurar la provisión de apoyos y ajustes razonables para estudiantes con discapacidad que lo requieran en todos los niveles educativos.
- En el marco del Programa Salud Sexual y Procreación Responsable, incrementar esfuerzos para que las mujeres y niñas con discapacidad en todas las provincias puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y apropiados para la edad.
- Reforzar las medidas afirmativas y los incentivos para alentar el empleo de las personas con discapacidad, en los sectores público y privado, y cumplir al menos con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público y en entidades privadas concesionarias de servicios públicos.
- Reformar la legislación en materia de pensión no contributiva por “invalidez” para reemplazar el modelo médico por el de derechos humanos, cambiar su nombre, aumentar el monto a al menos el salario mínimo vital y móvil, y permitir la percepción de otros ingresos.
- Reformar el Código Nacional Electoral a fin de reconocer el derecho al voto de todas las personas con discapacidad.
- Desarrollar un sistema de recopilación de datos sobre las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
Fuente: CELS.